En el año 2006 fueron convocadas varias entidades y personalidades importantes de la vida social del país con el propósito de aunar esfuerzos en el combate contra la corrupción.
La entidad encargada de la iniciativa fue el Programa de Transparencia y Acción Ciudadana, auspiciada por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
En el contexto fue difundido el estudio “Cultura política de la democracia en la República Dominicana”, que vino a ser el mapa descriptivo del comportamiento de los ciudadanos ante los diversos problemas y sus apreciaciones sobre las instituciones y entidades.
De igual modo, en el 2007 se dio a conocer que el costo de la corrupción para los hogares en el país era de más de 6, 268 millones de pesos.
Desde entonces, el tema y el proyecto no sólo llamaron la atención, sino que lograron integración a favor.
Las organizaciones compromisarias hoy conforman lo que se llama “El espacio de la lucha contra la corrupción”, algo incluyente, de acción y reflexión. Actualmente confluyen en el más de 200 entidades a nivel nacional.
Últimamente el programa encamina esfuerzos a educar sobre incidencia política, lo que se traducirá en una herramienta extraordinaria que ayudará a lograr que las autoridades cumplan con sus responsabilidades en las comunidades y a que la cosa pública se maneje con alto niveles de transparencia.
La corrupción es un mal testarudo, pero el esfuerzo de seguro que dará sus resultados.
No se trata de lanzar acusaciones contra funcionarios ni gobiernos, sino de erradicar algo que ha devenido en ser cultura en el seno de una sociedad que en las últimas encuestas da muestra de indiferencia ante este mal.
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